acoso virtual

Acoso virtualAmantes despechados y personas resentidas disfrutan hoy del medio ideal para vengarse simbólicamente: la red de internet, que les brinda la facilidad y libertad del anonimato. La ley no contempla castigo alguno, pero no todo está perdido

CLAUDIA ALTAMIRANOEl UniversalDomingo 22 de octubre de 2006En plena era de la información y la tecnología al alcance -y servicio- de la delincuencia, recibir llamadas de desconocidos que preguntan por un anuncio clasificado puede provocar la paranoia de cualquiera. Carmina recibió varias en las que preguntaban su nombre e insistían sobre un supuesto anuncio de Segundamano , pensó entonces en llamar a la policía, pero se le ocurrió revisar antes el sitio web de dicha publicación, para comprobar si el anuncio en cuestión existía o no.
Con gran asombro, encontró un clasificado con su nombre, número de celular y una tarifa, seguida de una leyenda que ofrecía, de manera implícita, servicios sexuales. Indignada, Mina decidió poner una denuncia ante el Ministerio Público por difamación, pues el anuncio era la cereza del pastel: desde meses antes, alguien se había dedicado a enviarle mensajes anónimos a través de su página personal (blog), donde siempre escribía ofensas para ella y su familia.
Como era de esperarse, Carmina tuvo que peregrinar por diversas instancias, para obtener una respuesta que, al final, fue negativa, ya que el delito de difamación fue derogado por la Asamblea Legislativa del DF, en mayo pasado. Los funcionarios del MP le explicaron que su demanda no pasaría de una mera denuncia de hechos, y que su única posibilidad era presentar una demanda civil en un tribunal, donde, en caso de ganar el juicio, obtendría una indemnización por parte del difamador no mayor a 18 mil pesos.
El caso de Mina ilustra otro de los usos que esta generación da a la tecnología; donde la red de internet y la telefonía celular, con todos sus recursos, ofrecen a amantes despechados, ex parejas abandonadas y personas resentidas, una venganza simbólica, al poder calumniar al objeto de sus rencores en un medio público.
Y si la difamación ya no tiene repercusiones penales, sino sólo civiles, pareciera que la impunidad del atacante está asegurada. Empero, la red tiene recursos no por todos conocidos, que permiten encontrar a quien se oculta tras su computadora.
Con la misma moneda
Así lo hizo Ernestina, cuando la ex novia de su actual pareja emprendió toda una batalla virtual en su contra, enviándole correos electrónicos agresivos. Tina había optado por ignorar estos mensajes, hasta que recibió 31 de ellos en un solo día; lo que la motivó a responder, pidiendo que la dejaran tranquila, pero logrando el efecto contrario: los mensajes se incrementaron en el correo e iniciaron vía teléfono celular, llegando a enviar hasta 28 en un periodo de 24 horas.
Cansada de este acoso, Tina recurrió al mismo método para ponerle fin: reenvió todos los correos de Laura, su agresora, a un grupo de amigos de esta última, logrando ridiculizarla por esta pueril acción y cesando así, al menos, los ataques virtuales.
Para defenderse del acoso cibernético se puede restringir el acceso a páginas personales o cancelarlas definitivamente, igual que con las cuentas de correo; o buscar la dirección IP de la máquina desde la cual fueron emitidos los mensajes; lo que puede lograrse con un software especial o con la ayuda de un hacker que localice esta dirección y la red a la que pertenece.
Pero si la víctima de difamación quiere tomar medidas legales para detener estos ataques, debe tener paciencia y bajas expectativas, pues el proceso es largo y podría no rendir frutos, al menos en el Distrito Federal, donde la difamación ya desapareció del Código de Procedimientos Penales.
La odisea empieza en el Ministerio Público, donde decidirán si existe o no algún motivo que amerite la indagación, en cuyo caso, se solicita a la subdirección de Especialidades Concentradas de la Procuraduría capitalina, que investigue, a través de sus peritos especializados en informática, la dirección IP de la máquina. Una vez que se tiene el resultado, el MP puede pedir a Teléfonos de México o a la empresa relacionada con las redes, que indique a quién pertenece, para determinar un posible responsable.
A nivel federal, la Policía Cibernética de la Policía Federal Preventiva (PFP) cuenta con todos los recursos para detectar a estas pesadillas virtuales, aunque existen grandes limitantes para que un ciudadano común goce de este servicio, pues aunque en el ámbito federal no ha sido derogado el delito de difamación, para que el hecho trascienda a este nivel, debe haber indicios de delincuencia organizada. De no ser así, el caso no podrá salir del ámbito local, donde, al menos en la capital, ni siquiera hay delito que perseguir.
Este enredo jurisdiccional es uno de los límites de la investigación en esta materia, como lo señalara el procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, en junio pasado. Durante un congreso internacional sobre cibercriminalidad, señaló que la competencia es una de las principales debilidades en materia de legislación, pues es difícil determinar la ubicación exacta de la persona que comete el delito, y esto genera una confusión de competencias.
En este contexto, no sobra recomendar el uso de todas las medidas de seguridad posibles, como filtros en el correo electrónico, firewalls y restricción de comentarios anónimos en las páginas personales; ya que la mayoría de los espacios públicos de expresión y contacto no cuentan con medidas punitivas para quien haga un mal uso de ellos. Asimismo, es recomendable hacer caso omiso de las invitaciones de personas no conocidas y, por ningún motivo, facilitar datos personales a través de los sistemas de mensajería instantánea.
Y, en caso de haber sido víctima ya del acoso de alguien que busque una venganza virtual, las posibilidades se limitan a emprender una demanda civil, solicitar el retiro del anuncio a la empresa de publicidad o buscar al agresor con la ayuda de un experto en informática, para enfrentarlo directamente y conocer, por lo menos, el motivo de sus rencores.